De la oposición, la traición y otros pasos desde el patriotismo

La pasada semana se llevaron a cabo las elecciones territoriales en Venezuela. Si bien todavía permanece el Partido Socialista Unido de Venezuela con apoyo de las mayorías electorales, la oposición logró ubicarse en Caracas y tres de los estados más relevantes en términos de actividad económica y tamaño poblacional, es decir, en Táchira, Miranda y Zulia – este último, sede de la oposición desde periodos anteriores. Además, logró hacerse con las gobernaciones de Carabobo y mantener la de Nueva Esparta.

Las declaraciones no se hicieron esperar ante los hechos. Los opositores declararon su gran victoria al contar con 44% de la población nacional bajo su control, mientras que el partido dominante, encabezado por el presidente, afirmó que la oposición apenas había logrado una victoria pírrica y ello obedecía más a un acto de traición que disidencia respecto a las políticas del gobierno de los últimos diez años. Las argumentaciones, tanto antes como después de las elecciones, se han tornado personales con continuos ataques en la forma de imponer nombres tales como “ladrones”, “traidores”, “robacámaras”, etc.

Interesante observar que la palabra traición proviene siempre de la falta a lo que ya en repetidas ocasiones he definido como patria y patriotismo. Quien ejerce un acto de traición, vende los intereses generales de la patria por favores hacia los intereses personales y egoístas, que poco contribuyen al progreso social. Por tal razón, aquella persona resulta indigna integrante de una civilización y deberá ser penalizado con la máxima condena posible para un idiota (recuérdese que se denominaba así a quien le resultaba del todo imposible la participación política en las sociedades, dado que carecía de intereses sobre lo público): el exilio junto con la negación de la ciudadanía.

Si bien esta negación de la ciudadanía no podrá llevarse a cabo en el país vecino, más por ser una declaración acalorada de un presidente que por poseer pruebas contundentes de ello, no es este el punto central aquí. No nos interesa saber si efectivamente el nuevo alcalde de Caracas y sus secuaces (o como quiera que se les llame ahora a los electores que votaron por él) serán juzgados por el sistema judicial de Venezuela; es más bien relevante como muestra de la persistencia de la paradoja de la ciudadanía y los derechos: aunque estos últimos fueron promulgados como reconocimiento de las libertades inmanentes al hombre, su garantía sólo puede efectuarse en cuanto el hombre en cuestión pertenece a un Estado capaz de asegurar su cumplimiento, es decir, los derechos sólo se le garantizan al ciudadano, no al ser humano por su mera existencia.

Lo que sucede cuando el mismo Estado considera que usted no es un patriota, es decir, que sus intereses no están alineados con la voluntad general y consecuentemente puede llamarse con la voz traidor, es que el poder organizador del Estado sobre la sociedad indica una anomalía: alguien, un particular cualquiera, se ha desalineado voluntariamente de la coherencia existente entre lo individual y lo social-nacional. Esta separación voluntaria se juzga como la ruptura del contrato fundador, que si bien no desbarata el aparato ya establecido, sí logra finalizar con el contrato que aquella anomalía ha firmado con la totalidad social, con el megasujeto.

La finalización de este contrato se dirige directamente hacia el final del control y la seguridad ofrecida por el Estado. La traición, como bien se señaló, se castiga ante la figura de expulsión de la sociedad de su seno, es decir, con la pérdida de garantía de los derechos a los que supuestamente usted tenía acceso por haber nacido, pues ya no hay quién sirva de garante de la vida. La ligazón entre Estado y patria no sólo aparece entonces como necesaria para darle sostenimiento al primero, sino que se configura en una relación de la exclusión humana de los círculos institucionales de justicia.

Algunas personas sostendrán que si el aparato de justicia es independiente del gobierno, la definición de quién puede definirse como traidor partirá de concepciones objetivas y analíticas sobre las acciones de aquella persona; en definitiva, que el juicio será justo y los derechos se garantizarán excepto lo mínimo requerido para la convivencia social, es decir, el Estado sigue defendiendo los derechos inalienables, mientras que algunos deben ser alienados para mantener el orden. Sinembargo, esto es sólo apariencia, puesto que quien es destacado como traidor, normalmente no alcanza a llegar al aparato de justicia antes de ver que las fuerzas del Estado acaban con su vida, e incluso así, se puede dictaminar en algunos de ellos la pena de muerte. Nada impide que un Estado – y la sociedad subyacente – legisle tal control sobre la vida y la muerte.

De esta manera se puede visualizar la gravedad de la afirmación chavista sobre la oposición: son hombres que en definitiva, pueden carecer de derechos en cualquier momento y que no se podrán llamar ciudadanos venezolanos – ni de ningún otro país del mundo –, pues han cometido una violación a lo que tal categoría implica: La patria resurge con fuerza tal que la humanidad debe contraerse hasta su aniquilación.