¿Cuáles son los fundamentos de la acción económica gubernamental? Esta cuestión lejos de ser clara, todavía hoy se encuentra en el centro del debate académico y gubernamental. Desde allí, varias han sido las posiciones, que se mueven fundamentalmente en un continuum que va desde las visiones de justificación en la eficiencia, hasta quienes consideran que su legitimidad radica en las concepciones de justicia subyacentes. En posiciones menos dramáticas podríamos ver aquellas que juzgan las políticas introduciendo criterios de eficacia y eficiencia en lo instrumental, manteniendo simultáneamente criterios de justica en las finalidades – posiciones estas, que en cuanto no son radicales ejercicios de coherencia cerrada de argumentación, se postulan como las más comunes. Podríamos formular una pregunta similar y más cercana a los actuales esquemas económicos capitalistas: ¿qué tanto mercado y para qué? (esta pregunta se tratará en otro momento)
Antes de empezar a responder tales cuestiones, debe primero justificarse su existencia. ¿Qué análisis se realizan al implementar tal o cual estructura impositiva? Esta actividad tan común por parte de los tecnócratas de la economía debe ser respondida de alguna manera. Adicionalmente, ¿cómo implementar tal o cual política social? ¿Qué política social es válida? ¿Cómo comprender la medición y el accionar alrededor de los problemas de la calidad de vida?
Encontramos argumentos sobre la eficiencia que podrían rezar así: la redistribución de la tierra para los desplazados forzosamente en Colombia puede resultar perjudicial en cuanto a la carencia de recursos – técnicos y económicos - de estas personas para llevar a cabo los proyectos productivos para su subsistencia; por lo tanto, mejor adjudicarlos a empresas capaces de hacerlo y que de paso ofrecerán trabajo a dichas personas – obligación ésta que podría hacerse por medio de decretos del ejecutivo. Entonces, el resultado así sería óptimo: los desplazados obtienen su sustento, se incrementa el empleo, se retorna al campo, las empresas se benefician y aparece el crecimiento económico (puede encontrarse tal argumentación en la defensa del Minagricultura, el sr. Arias, para el caso de las tierras de Carimagua).
Se nos dice que no es posible encontrar mejores soluciones y que ésta, de paso, tiene en cuenta el bienestar de los desplazados. Sin embargo, nada menos justificado, en primer lugar, porque en el centro de la argumentación no se encuentran las personas desplazadas, sino la capacidad de obtener ingresos únicamente; ello es así porque la explicación no recurre a la complejidad de la vida del desplazado y sus visiones del mundo, sino a una meramente economicista, basada en la producción y distribución de recursos. En segundo lugar, porque se realiza una separación entre el homo oeconomicus y las demás dimensiones humanas, identificando la primera con una actitud racional instrumental y como si deseos, sentimientos y costumbres no influyeran en las decisiones; en tal caso, la decisión del desplazado no puede ser otra que aceptar el empleo y no la tierra. En tercer y último lugar, se supone que los desplazados interactúan con los empresarios en circunstancias de simetría y fuera de relaciones de poder, donde los desplazados en realidad serían libres y además obtendrían mayor calidad de vida.
El ejemplo del desplazamiento pone en evidencia la dificultad de las miradas eficientistas respecto al accionar gubernamental, pues no reconocen personas, sino tales o cuales categorías de ciudadanos, los cuales se consideran dotados de tales o cuales identidades que determinan su accionar desde estas perspectivas. Ello conlleva, por ejemplo a creer errónea e irrespetuosamente que los campesinos son brutos.
Veamos ahora procesos de legitimación gubernamental a partir de las teorías de la justicia. Desde allí se parte de estructuras éticas que analicen de forma más general que la eficiencia, la calidad de vida de los hombres entendidos como personas. Obsérvese este tipo de argumentación: la tierra se le debe asignar a los desplazados ya que éstos tienen nexos con la tierra en cuanto a la construcción de referentes y la realización de costumbres propias, además de permitirles, conjuntamente con un programa de ayuda desde abajo al estilo de Max-Neef, mayor autonomía en cuanto a suplir sus necesidades básicas y realizar los proyectos de vida autodeterminados.
El cambio de perspectiva es sustancial, en cuanto ahora se concibe la acción gubernamental, no desde la estrecha mirada productivista, sino en cuanto a que la relación de las personas con su entorno es de gran complejidad. Aquí la construcción propia de valores morales toma gran relevancia, pues se invita a ejercicios de razonamiento sobre sí mismos, pero sobre todo, se invita a crear un sentido de la comunidad basada en razonar públicamente en búsqueda de un ethos.
En el centro del debate, por lo tanto, podemos encontrar la siguiente cuestión: ¿qué subyace a la economía? Las personas. Aunque parezca evidente la respuesta, de ninguna manera lo es. Como se vio en el primer caso, aunque aparentemente sean las personas el centro de la discusión, claramente la visión de personas en este caso es una ligada únicamente a su ser económico y con necesidades materiales; una hombre más relacionada con su ser básico y animal, despojado de sus valores y por ende, perdido de la personalidad misma. Por el contrario, la segunda visión contiene apertura de miras hacia individuos con valores y que se relaciona con el entorno a partir de miradas múltiples e interactuantes entre sí.
El llamado es pues a revisar las acciones gubernamentales por fuera de la estrecha mirada economicista, hacia una mirada de la complejidad del hombre como persona que interactúa con las demás en una comunidad en construcción. En tal sentido, las discusiones sobre, por ejemplo, las estructuras impositivas debe primero pasar por un análisis de la justicia, para luego estudiar los problemas de eficacia y eficiencia.
Quedo en deuda pues de la presentación de visiones de justicia que analicen el problema de la acción gubernamental, empezando por la revisión del liberalismo utilitarista de John Stuart Mill.
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